La concentración que se realizará bajo el lema Igualdad para vivir, tendrá lugar el jueves 6 de septiembre, a las 20horas, en la plaza de Navarra de Huesca. El acto se realizará con una pancarta unitaria, y sin identificaciones particulares de las asociaciones que apoyen el manifiesto, que recogemos abajo.
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Manifiesto de la Plataforma por la Salud Universal -Huesca
El pasado sábado, 1 de
septiembre, se consumó otro de los múltiples atropellos que el Gobierno del
Partido Popular viene perpetrando contra la ciudadanía durante los meses que
lleva de legislatura. Ha expulsado del
sistema público de salud a miles de personas pertenecientes a uno de los
grupos más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad: la inmigración que no tiene regularizada su situación
administrativa o que, aun habiéndola tenido, ha perdido el permiso de
residencia por la crisis económica. Se ha privado a este colectivo de un
derecho que le asiste legítimamente y que consiste en algo tan básico, tan
elemental, tan imprescindible para toda persona como el acceso a los medios
para poder preservar la salud y la
integridad física.
Pocos casos ejemplifican como
éste la máxima con la que gobierna la derecha política: débil con los fuertes y
fuerte con los débiles. Para aquellos, amnistía fiscal; para éstos, recorte de
derechos y prestaciones. Para los unos,
rescate bancario; para los otros, precariedad laboral y marginalidad.
El anuncio de que nadie se va a
quedar sin asistencia cuando se les niegue la tarjeta sanitaria es una forma de
tergiversar la realidad, continuando con una información ambigua. La realidad
es que al crear un sistema de
facturación, otro tipo de receta
(deberán pagar el 100% del coste del
tratamiento), de registro sanitario…
se aleja de los servicios sanitarios a uno de los grupos sociales más excluidos
de nuestra sociedad y se inicia la
diferencia entre los asegurados y los no asegurados que se proponen extender a
mas grupos de población, rompiendo el principio de universalidad y equidad que
inspiraba nuestro sistema de salud.
Lo que hace el gobierno es
utilizar el derecho básico a la asistencia sanitaria para expulsar de nuestro país a las personas que no tienen tarjeta de
residencia o que la han tenido y han dejado de tenerla. Obstaculizar la
asistencia sanitaria a las y los inmigrantes se lleva, pues, por delante los
principios de universalidad e igualdad que deben presidir el acceso a derechos
fundamentales y es contraria a la Declaración de
Derechos Humanos, a la
Constitución española y al Estatuto de Autonomía de Aragón.
Al margen de los contundentes
argumentos jurídicos, no se sostienen los pretextos económicos esgrimidos por la Administración: todos los estudios fiables apuntan al
incremento del gasto sanitario, a medio plazo, por la derivación a los
servicios de urgencias del colectivo expulsado de la asistencia sanitaria
regularizada. Y, recuérdese, la sanidad
pública no la sufraga el Gobierno: la sostienen los impuestos pagados por la
ciudadanía, incluida la inmigración en situación irregular a través de las
cargas fiscales indirectas, como las que gravan el consumo.
Cuando se habla de xenofobia
institucional es esto lo que se quiere decir: un organismo público
adopta medidas discriminatorias contra personas de otras nacionalidades por
esta mera circunstancia. Con ello se agita un espantajo bien conocido y de
trágicas consecuencias en la historia reciente de Europa: el miedo al extranjero y su rechazo. Se pretende así desviar la
atención burdamente y proporcionar a la ciudadanía una víctima propiciatoria en
la que descargar la frustración que provoca la crisis generada por los
poderosos. No caigamos en la trampa.
Apelamos también a las personas
menos proclives a secundar las reivindicaciones que aquí formulamos. No puede olvidarse ahora que el
crecimiento económico de España en los años de bonanza hubiera quedado reducido
a la mitad sin el trabajo aportado por la inmigración extranjera.
Tampoco debe obviarse, desde el
punto de vista sanitario, que poner obstáculos para poder acceder a la
asistencia sanitaria a cualquier colectivo de personas (mercantilización de la salud) pone
en peligro potencialmente la salud pública general, al interrumpirse los
mecanismos de detección y tratamiento precoz de las enfermedades. Y, en
términos sociales, nadie puede asegurar
en estos momentos que nunca vaya a demandar la solidaridad y el apoyo de otras
personas y colectivos, porque la inmensa mayoría de la población está
padeciendo las nefastas consecuencias de
una crisis generada por los poderes financieros y las oligarquías económicas.
Por todo ello, la Plataforma por la Salud Universal,
integrada por numerosas entidades de apoyo a inmigrantes y de colectivos de
inmigrantes, sindicatos, partidos políticos, organizaciones de profesionales de
la sanidad y otras muchas de orientación social,
a) Exige la retirada de las medidas que
expulsan del sistema público de salud a la inmigración en situación
administrativa no regularizada.
b) Rechaza, por inviable, injusta y
discriminatoria, la posibilidad de que este colectivo sufrague la sanidad
pública como si se tratase de asistencia privada.
c) Se niega a participar como cómplice en
la instauración de un sistema sanitario paralelo de beneficencia.
d) Y reclama la reintegración plena de los
derechos sanitarios del citado colectivo.
Súmate a estas propuestas para
que, cuando vayan a por ti, quede alguien que pueda ayudarte.
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