La
campaña de la ILP por el derecho a la vivienda se prolongará en todo el Estado
hasta finales de enero.
Y no te pierdas lo que opinan los jueces de los deshaucios, el papel de los bancos y la normativa que se usa para echar a la gente de sus casas . Va al final del texto
La ILP por
la dación en pago retroactiva y el derecho a la vivienda, que se prolongará
hasta finales de enero, se desarrolla, en toda España, en un momento de intenso incremento de las ejecuciones hipotecarias que están
expulsando de sus casas a decenas de miles de familias. Tan solo en el primer semestre de 2012
se produjeron en España 94.502 desahucios, 517 diarios. En el segundo semestre
han aumentado a 532 por día. En Aragón se están
produciendo diariamente entre 5 y 10 ejecuciones hipotecarias en cada jornada.
En el primer trimestre del año se produjeron en la comunidad 622, lo que,
entonces, ya suponía un 28,20% más que en el mismo periodo del año anterior.
Desde
el comienzo de la crisis, cientos de miles de familias han sido desalojadas de
sus viviendas (350.000 ejecuciones hipotecarias se han dado, entre
2007 y 2011, según datos del Consejo General del Poder Judicial en España). Las
Comunidades Autónomas que tienen el triste honor de encabezar el ranking de
desahucios son Andalucía (68.053), Cataluña (65.670) y la Comunidad Valenciana
(65.220).
Todo esto
provoca graves situaciones sociales
(que en la pasada semana –el 25 de octubre- han tenido dramática expresión en
el suicidio en Granada de José Miguel
Domingo, propietario de una tienda de periódicos que iba a ser desahuciado
horas después; y en el intento de
suicidio de otra persona en Valencia el mismo día, arrojándose de su casa
al vacio). “Mientras”, señalan los integrantes del 15M, “el gobierno insiste en seguir rescatando a
la banca, endeudando al país entero, en lugar de responder a las demandas
ciudadanas y ‘rescatar’ a las personas que sufren estas situaciones”.
Un
cambio en la legislación hipotecaria.
Esta ILP
propone un cambio en la legislación hipotecaria -anticuada, con un siglo de vida, e injusta- con el fin de regular la dación en pago con efecto retroactivo -que haría
posible que la entrega de la vivienda cancelase la deuda hipotecaria evitando
que las personas expulsadas de sus casa sigan pagando por una casa que ya no
tienen-. También reclama la paralización
de los desahucios, siempre que se trate de la
vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos
ajenos a la propia voluntad, y la reconversión de estas
hipotecas en alquiler social, en el que la persona o personas afectadas
tendrían derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un
alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de 5 años.
Por
primera vez en España, también se puede firmar y hacerse fedatario -personas
que dan fe de la autenticidad de las firmas- de la ILP de manera online, a través
del web www.quenotehipotequenlavida.org. Más de 3.200 personas de todo el
Estado se han acreditado como fedatarios.
La
ILP en el Alto Aragón
La
asamblea del 15M de Huesca coordina la campaña de la ILP en la ciudad, donde se
están colocando mesas en diferentes espacios urbanos, en movilizaciones
sociales, en las propias asambleas del 15M -que se celebran cada miércoles en
la Asociación del Casco Viejo- , o en las sedes de otras asociaciones de vecinos de la ciudad que han apoyado esta
iniciativa. Las firmas recogidas hasta la fecha superan con creces las que por población corresponderían a esta pequeña ciudad para llegar a las 500.000 en todo el Estado. En el Alto Aragón también participan en esta iniciativa otras asambleas del 15M, como
las del Valle de Benasque o Sobrarbe y entidades con presencia en Barbastro o Sariñena, entre las que se puede citar Red RAI (red de
ahorradores e inversores).
El 15M de
Huesca invita a los altoaragoneses a incorporarse a esta iniciativa en el
periodo que resta hasta su finalización el próximo enero.
Tres
meses más para incorporarse a esta iniciativa
La Mesa del
Congreso de los Diputados ha ampliado en tres meses el plazo para suscribir la
ILP para la dación en pago, de forma que se podrán incorporar a ella nuevas
personas hasta el 25 de enero de 2013.
Desde el
23 de abril, fecha en qué empezó la recogida de apoyos las entidades que
conforman la
Comisión Promotora han registrado más de 361.000 firmantes y calculan
registrar los 500.000 necesarios en los primeros días de noviembre, a través de
la presentación de los apoyos recogidos en todas las provincias españolas.
Aun así,
los promotores han pedido la ampliación del plazo en tres meses por varios
motivos. En primer
lugar, porque a pesar de que el cómputo de los nueve meses para recoger firmas
se inició oficialmente el 6 de febrero, la Junta Electoral
Central no entregó a la
Comisión Promotora las cajas con los pliegues debidamente
validados hasta el 17 de abril. Por lo tanto, transcurrieron más de dos meses
sin poder recoger firmas, debido a la carencia de agilidad de la Junta
Electoral.
Por otro
lado, al mes de mayo la
Junta Electoral Central modificó el procedimiento para la
verificación y certificación de las firmas, hecho que también provocó un
retraso considerable en el proceso, al cambiar la regulación de los fedatarios
que recogen las firmas.
Ante estas
dificultades surgidas durante el proceso, del todo ajenas a la Comisión Promotora ,
se decidió pedir la ampliación del plazo, puesto que el objetivo inicial es
llegar al millón de firmas. Por otro lado, la ampliación de tres meses permite
mantener la movilización social ante la injusticia del sistema financiero e
hipotecario, que se está cobrando un número indecente de víctimas en forma de
familias desahuciadas.
Bancos: "Ligereza y mala praxis", sirve para calificar la actuación de los bancos, que han generalizado el crédito “sin valorar las posibilidades reales del deudor” y han realizado una “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos... (participaciones preferentes)”.
Deshaucios: "Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica (por tanto no con fines especulativos o por pura pretensión suntuaria), simplemente para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la crisis no pueden pagar”.
Procedimiento de desahucio (que es de 1909, hace más de un siglo): “un proceso extremadamente agresivo frente al deudor que dota a la escritura del préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia ya que las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia”.
Adjudicación de las viviendas de las personas desaahuciadas a los bancos: “La ley hoy permite a las entidades bancarias adjudicarse bienes por valor notoriamente inferior al real, cuando debería realizarse por su valor real y con arreglo a una tasación realizada por peritos independientes ajenos a la entidad crediticia”
Propuestas que plantean: Dación en pago, fórmulas que permitan a las personas afectadas seguir de alquiler en la vivienda, crear la figura del "deudor hipotecario de buena fe" con ventajas, moratorias, trato especial en casos de enfremedad, desempleo,...
Los jueces también se hacen eco del fracaso del "Código de buenas prácticas", medida del Gobierno Rajoy en lo referente a hipotecas. Puedes conocer mejor lo que cuenta ese documento en este interesante artículo de José M. Irujo y Joseba Elola
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Más
información:
-“500.000
personas pueden perder su vivienda en los próximos años”
-Naciones
Unidas cuestiona la política de vivienda en España, y el efecto de las hipotecas
-Jueces
denuncian los abusos del sistema legal de desahucios :
Texto
Completo de la ILP
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