Después de casi dos meses de atavesar los Monegros y el Bajo Cinca...
El 25 de septiembre
han llegado a Bruselas, y al Parlamento Europeo, activistas y
afectados por los desahucios (ambos perfiles se funden en la mayoría de los caminantes)
de la plataforma Stop Desahucios 15M Córdoba,
tras recorrer a pie los más de 2.600
km que separan ambas ciudades, a lo largo de 87 días. Es
la llamada “Marcha por la dignidad”, con la que también surcamos tierras oscenses este verano, que ha tenido como objetivos
sensibilizar sobre el grave abuso sobre los desahucios que se da en España y
entregar a lxs diputados europeos una carta de todos los grupos que nos coordinamos en la PAH
“con la esperanza de que actúen en consecuencia”.
El que sigue es el texto “que
ha caminado” durante tres meses, por 3 países, y cerca de 3000 kms -atravesando también el Alto Aragón- hasta
llegar a manos de quienes tienen una responsabilidad y deberían actuar en
consecuencia a favor de las personas y no de los intereses financiero. Los caminantes lo han presentado en una reunión con el presidente del parlamentoy otros diputados el mismo día de su llegada a la capital europea, donde les han recibido lxs compañerxs del 15M de Bruselas.
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| Simultáneamente a los actos de Bruselas ha habido concentraciones en Córdoba y otras ciudades españolas. |
A la atención de los
representantes, grupos parlamentarios y diputados del Parlamento Europeo.
Las ejecuciones
hipotecarias y los desahucios por impago de hipotecas son sin lugar a dudas una
de las caras más dramáticas de la crisis en España. Una auténtica lacra que
está generando una enorme alarma social. Una sangría que ya se ha cobrado la
vida de demasiadas personas y que ha situado a nuestro país en el punto de mira
de la prensa internacional. Desde hace años la voz organizada de las personas
afectadas viene advirtiendo de las consecuencias de un procedimiento que ya se
ha llevado por delante a decenas de miles de familias. El marco legal que
regula los impagos de hipotecas condena a familias insolventes a la exclusión
social y las deja sin margen para rehacer sus vidas ni horizonte alguno de
recuperación.
Por haber firmado un contrato para acceder a una necesidad básica, reconocida como derecho fundamental en la
declaración universal de los derechos humanos y recogida en el artículo 47 de
la constitución española, tú y tu familia estáis condenados a malvivir en los
márgenes de la sociedad. El sistema te expulsa. Te rechaza. Solo está dispuesto
a darte una segunda oportunidad en la medida que pueda seguir exprimiéndote.
Por eso afirmamos que nos encontramos ni más ni menos que ante una versión
contemporánea de la esclavitud. Hagas lo que hagas no te podrás recuperar. Una
advertencia que ha sido ignorada de manera reiterada por los gobiernos
sucesivos del PSOE y del PP. Durante cuatro años la sociedad civil ha liderado
un debate que ha condicionado la agenda política. Lo que en 2009 era un grito
en el desierto, hoy es un clamor popular.
Durante este tiempo,
centenares de ayuntamientos, espoleados por la contestación social, han
aprobado mociones en sus plenos instando al gobierno central a adoptar medidas
que frenen la sangría de desalojos. El pasado mes de octubre la relatora de
Naciones Unidas por el derecho a una vivienda, Rakel Rolnik, presentaba ante la
asamblea general de la ONU
un devastador informe donde, entre otros, denunciaba la grave situación
habitacional que atraviesa el estado español; otro informe de la judicatura
concluía la necesidad de reformar en profundidad una normativa que data de 1909
y que sobreprotege a los acreedores dejando la parte más débil del contrato
hipotecario indefensa. Se trata de una ley casi medieval, y como tal expresa la
relación de fuerzas desigual entre las partes. Una relación de vasallaje. Una
ley bárbara propia de un país poco civilizado. Por ello afirmamos con rotundidad
que estamos ante una ley criminal. Como criminales son los que sacan beneficio
de ella. Como criminales son los que la amparan y la protegen.
Suicidios como los de
Granada, Baracaldo, Córdoba, Calvià o Alacant son tan sólo la punta del
iceberg. La gota que colma el vaso. La ciudadanía ve cómo el dinero que se
sustrae de sanidad y educación se utiliza para rescatar entidades financieras
que desahucian a familias con niños mientras continúan especulando y acumulando
viviendas vacías.
En noviembre de 2012 el
Gobierno de Ecuador demandaba al Estado
Español ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo. En febrero de
2013 el Tribunal de Justicia de la UE dictaminaba que la ley
hipotecaria española es ilegal y que vulnera derechos fundamentales, al dejar
a los ciudadanos en absoluta indefensión.
Ante el aumento de la presión popular, el gobierno del Partido Popular también se ha visto forzado a mover ficha. Pero ni el decreto de buenas prácticas, ni la moratoria de desahucios para casos de extrema vulnerabilidad, ni la ley 1/2013 de “protección de deudores hipotecarios” aprobada recientemente, han servido para atajar el problema. Sólo han servido para que las entidades financieras sigan ganando tiempo para seguir ejecutando. La crítica es unánime. Tampoco es de extrañar teniendo en cuenta que estas iniciativas se han aprobado con el visto bueno de la patronal bancaria. La realidad es que a día de hoy ley hipotecaria continua condenando a la inmensa mayoría de las familias a una deuda de por vida y las deja en la calle.
Para hacer frente a la
barbarie y ante la dejación por parte de las instituciones del Estado de sus
funciones, la ciudadanía nos hemos visto obligados a autorganizarnos y
autotulelar nuestros derechos. A través de la solidaridad y del apoyo mutuo
hemos paralizado más de 700 desahucios,
arrancado centenares de daciones en pago, conseguido alquileres sociales y
hemos realojado a través de la obra
social de la PAH ya
a más de 700 personas [además de las iniciativas realizadas por otros
colectivos]. Hemos agotado todas las vías y cauces democráticos, hemos interpelado
a todos los niveles de las administraciones públicas y dialogado con todos los
partidos políticos que nos han querido escuchar. A través de una Iniciativa Legislativa Popular hemos
recogido casi un millón y medio de firmas con tres demandas de mínimos: la
dación en pago o derecho a una segunda oportunidad para las personas que por
motivos ajenos a su voluntad no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, la
paralización de los desahucios de vivienda habitual y la reconversión de los
pisos vacíos en manos de los bancos en alquiler social. Las encuestas muestran
que nuestras demandas tienen una incuestionable respaldo social. Casi un 90% de la población las apoya.
A pesar de esto, el gobierno se obstina en desoír el clamor
popular y desatiende el sufrimiento de miles de familias para plegarse de
nuevo a los intereses de una banca acosadora que ha arruinado la economía del
país y ha roto nuestras vidas. No conforme con ello, no ha dudado en tildar a
las personas que hemos decidido plantar cara y luchar por nuestros derechos y
nuestra dignidad, de nazis y terroristas.
Sin embargo la
política del miedo utilizada por el gobierno para revertir el estado de opinión
favorable al cambio normativo se ha constatado un fracaso. Los mensajes
apocalípticos que advertían a la población que modificar la ley hipotecaria y
paralizar los desahucios hundirían el sistema financiero, no han servido para
nada. El sistema financiero ya se ha hundido por sí solo y el apoyo de la
sociedad civil a las demandas de los afectados no ha dejado de aumentar. Todos
sabemos que los obstáculos para adoptar dichas medidas no son técnicos sino
políticos. Se requiere de voluntad política para enfrentarse a determinados
intereses económicos. ¿Por qué las
empresas inmobiliarias que durante años presentaron beneficios millonarios
pueden cancelar sus deudas entregando sus inmuebles, mientras que las familias
que sólo pretendían acceder a un bien básico no pueden? ¿Por qué se rescatan a
los bancos responsables de esta estafa, mientras se abandona en la cuneta a
miles de familias?
Entre la dictadura de
los mercados financieros y la defensa de los derechos humanos, la ciudadanía ya
ha elegido. Solo falta que esa elección se refleje en el congreso. Y mientras
ello no sea así, seguiremos afirmando que vivimos
en una democracia secuestrada.
En un sistema que
supuestamente defiende el estado del bienestar, expulsar del circuito a centenares de miles de familias supone
quebrantar la credibilidad de sus instituciones. Las instituciones europeas
no están exentas de este descrédito. Somos conscientes que las políticas de
recortes y el desmantelamiento del estado de bienestar se promueven también
desde Europa. Así, con el pacto social
hecho añicos, la paz social no puede perdurar.
En junio de 2013 el
parlamento europeo concedió a la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca el “premio al
mejor ciudadano europeo 2013”.
Una distinción que se concede anualmente a ciudadanos u organizaciones
excepcionales que luchan por los valores europeos y promueven los valores de la
carta de los derechos fundamentales de la
UE . Sin embargo y aunque les estamos agradecidos, la PAH no pretende ni persigue
galardones, sino que exige a las instituciones democráticas que protejan los derechos humanos, velen
por el interés general y defiendan activamente los valores que asegura
representar.
A menos de un año de
que se convoquen elecciones para el Parlamento Europeo tienen una nueva
oportunidad para recuperar la esperanza en el proyecto europeo y parte de la
legitimidad perdida. No den de nuevo la espalda a los ciudadanos de a pie, a la
gente honesta, a las personas. Hay vidas
en juego.
PAH
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| Algunxs integrantes de lamarcha en Fraga . Foto: BajoCincaLibertario.blogspot.com |
Crónicas de etapas oscenses de la Marcha, los días 31 de julio y 1 de agosto.
En
ellas que estuvimos, junto a lxs cordobesxs , la asamblea 15M de Huesca, y la
de Monegros. Otrxs compañerxs nos recibieron en Fraga, donde se realizó una
manifestación:
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