Iniciativa contra las Leyes Mordaza
Creemos importante dar respuesta, explicar, denunciar, en un proceso que va a ser largo. Para prepararla proponemos un nuevo espacio de trabajo común, que tendrá una primera reunión el martes 16 de junio, 20,30h, Asociación de Vecinxs del Casco Viejo.Actualización: Constituida la Iniciativa contra las Leyes Mordaza en Huesca, el 25 de juno tendrán lugar charlas informativas y actos de protesta en la plaza de Navarra (19, 30h)
Enlaces:
http://huesca15m.org/2015/03/28/aprobadas-las-leyesmordaza-que-entrarian-en-vigor-en-julio-con-un-grave-recorte-de-derechos-fundamentales/
http://huesca15m.org/2014/12/20/la-leymordaza-en-tres-minutos-como-la-ven-lxs-francesxs-comunicado-desde-huesca/
Rights International Spain y Jueces por la Democracia denuncian los ataques del gobierno de España a los principios del estado de derecho
No solo las plazas y los movimientos sociales han denunciado las leyes mordaza: numerosas entidades, instituciones y organismos internacionales han mostrado su preocupación y rechazo. Recogemos en esta ocasión el posicionamiento de Rights International Spain y Jueces por la Democracia, a partir de textos de estas organizaciones.- Ambas piden que se active, por primera vez en la historia de la Unión Europea, un mecanismo nuevo creado para solventar ataques graves a los principios básicos del estado de derecho.
- Denuncian que el paquete de reformas legales promovidas por el Gobierno vulneran valores esenciales como el acceso a la justicia, la división de poderes y la independencia judicial, la no discriminación y la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales y a un proceso democrático apropiado.
- Cuestionan, entre otras, la modificación del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, las tasas judiciales, la reforma de la Ley de Justicia Gratuita o las reformas del poder judicial.
La ofensiva normativa del gobierno
Rights International Spain y Jueces por la Democracia remitían a la Comisión Europea, a finales de abril de 2015, una carta y un Informe en los que denuncian el paquete de reformas promovido por el Gobierno español e instan a esta institución a “intensificar su escrutinio sobre la situación en España, emprender una evaluación de conformidad con el nuevo marco de la UE para fortalecer el Estado de Derecho, así como a adoptar una serie de medidas para impedir que siga deteriorándose el Estado de Derecho en España”.Estas entidades, dicen, se han visto obligadas a solicitar que se active este procedimiento europeo (que todavía no se ha puesto en marcha en ningún país de la UE), dada la ineficacia de los mecanismos existentes en España para prevenir las amenazas al Estado de Derecho."Pese a estar en plena contradicción con valores esenciales de la UE, muchas de las medidas legislativas más problemáticas ya han sido aprobadas" señalan.
En concreto, el informe remitido se adentra, por una parte, en dos reformas que, dicen sus promotores, "suponen una clara vulneración al principio de seguridad jurídica y de respeto a los derechos fundamentales", como son la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal. En este sentido, se denuncia la amenaza que suponen estas leyes para los derechos a la libertad de expresión y de reunión, la vaguedad de muchos de sus preceptos (lo que puede conllevar una aplicación arbitraria de las sanciones) y que la enmienda que legaliza las devoluciones desde Ceuta y Melilla entra en clara contradicción con el propio derecho de la UE. Se solicita, por tanto, que se deroguen todos estos aspectos de ambas reformas.
Ambos colectivos recuerdan, en relación a esas normas, que desde el comienzo de las crisis, las protestas han aumentado en un 283% en España. Y, como han indiciado varios Relatores Especiales de la ONU, estas reformas parecen responder a las numerosas manifestaciones que se han llevado a cabo en los últimos años.
También se denuncia, en el citado informe, la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, porque cercena el acceso a la justicia y a una revisión judicial eficaz. Con la reforma, las personas que podrán beneficiarse del derecho a un abogado de oficio serán menos que ahora. Con la crisis, más personas han tenido que acudir a este servicio, sin embargo, con la nueva reforma se limitará el acceso a este derecho. En los últimos años, entre el 25 y 35% de los ciudadanos se ha visto privados de su derecho de acceso a la justicia por las tasas. España es de los países de la UE que menos invierte en justicia gratuita (0,80 euros por ciudadano, estando la media europea en 8,63 euros/habitante). Ningún euro recaudado por tasas judiciales (de los más de 530 millones de euros) se ha destinado a sufragar este servicio público fundamental. Se solicita, por tanto, que se tomen medidas desde la Comisión para asegurar que la nueva ley no vulnere el derecho de acceso a la justicia.
Se ponen en entredicho las tasas judiciales por vulnerar el principio de igualdad ante la ley. Si bien recientemente las personas físicas quedaron exentas del pago de estas tasas para acceder a la justicia, lo cierto es que siguen siendo discriminatorias al tener un impacto desproporcionado en las PyMes y algunas ONGs, en comparación con las grandes corporaciones (bancos, aseguradoras, etc.). En este sentido, se pide a la Comisión que inste a las autoridades españolas su derogación total.
Otro de los elementos básicos del Estado de Derecho que, según se indica en el informe remitido a la Unión Europea, se ha visto erosionado en los últimos años es el de la separación de poderes y la independencia judicial. En este ámbito se denuncia la falta de medios de la justicia y las interferencias políticas en la Justicia, lo que tiene un impacto sobre la independencia judicial. También se afirma que las reformas propuestas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son reformas parciales e insuficientes, y se solicita que sean retiradas en tanto no se realice un proceso de consulta con expertos y sociedad civil con el objetivo de alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema judicial. Reclaman que se dote de suficientes medios a la Justicia (recuerdan que el presupuesto ha disminuido un 4,21% en 2013 y un 2,13% en 2014), y que se eviten las interferencias políticas. En el informe de la UE sobre justicia de 2015, España también aparece entre los peores puestos de Europa en cuanto a percepción sobre independencia judicial.
Finalmente se denuncia que, al tramitar todo este paquete de reformas, no se haya respetado un procedimiento democrático adecuado, al no haberse llevado a cabo por parte del gobierno una verdadera consulta con la sociedad civil y los expertos en materia de derechos humanos.
El mecanismo de intervención que piden que se use
Rights International Spain, indica que “la Unión Europea ha creado una nueva herramienta que puede activarse en caso de que nuestros derechos y los valores rectores de la UE se pongan en peligro en algún país, y eso es precisamente lo que ocurre en España ahora mismo; nuestros mecanismos internos de protección han fallado, así que entendemos que la ciudadanía debe hacer suyo este nuevo mecanismo previsto por la UE porque no nos queda otra solución que pedirle a la Comisión que actúe”.¿Cómo se justifica ese mecanismo?
La Comisión Europea ha afirmado que “en los casos en los que los mecanismos establecidos a nivel nacional para garantizar el respeto al estado de derecho dejan de funcionar de manera efectiva, existe una amenaza sistemática al estado de derecho y, por tanto, al funcionamiento de la UE […]. En tales situaciones, la UE debe actuar para proteger el estado de derecho en tanto que valor común de la UE”. Para lograr este fin, la Comisión ha establecido un nuevo marco de la UE para fortalecer el Estado de Derecho (marzo de 2014). Este mecanismo, cuya activación se pretende por las entidades promotoras, tiene como objetivo “permitir a la Comisión encontrar una solución con el Estado Miembro de que se trate, a fin de evitar [que la] amenaza sistemática al estado de derecho […] se convierta en un “claro riesgo de seria violación” a los efectos del artículo 7 del TUE”.Texto completo del informe remitido a la Comisión Europea
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