Una “Velada por la libertad” tendrá lugar este miércoles, 18 de mayo en
Huesca, convocada en solidaridad con la
manifestante condenada por una protesta sin incidentes en defensa de la educación
pública celebrada en el campus universitario. Música, poesía, y una charla del
grupo de Derechos Civiles 15M de Zaragoza sobre “la represión ejercida para intentar
parar la movilización ciudadana” de los últimos años, conforman este acto que
tendrá lugar, a las 19 horas, en la plaza de Navarra.
La plataforma
ciudadana de apoyo a Raquel, un colectivo, constituido por estudiantes,
participantes en aquel acto y ciudadanos preocupados por el recorte de las
libertades públicas, promueve esta iniciativa y denuncia que “se la sanciona ‘por si acaso’ ”, por si su actuación hubiera podido producir incidentes,
que la Universidad negó que se hubieran dado y que el propio juez que la condena señala que no se
produjeron.
Raquel ha sido sancionada por participar en la protesta contra
los recortes en la enseñanza pública, realizada con motivo de una visita de la
entonces princesa Letizia y la consejera de Educación Dolores Serrat, y en la
que se había anunciado que participaría el ministro José Ignacio Wert, quien finalmente no acudió.
Un juzgado de la capital altoaragonesa ha confirmado una
sanción “grave” impuesta por la Delegación del Gobierno por “provocar reacciones en el público” que “puedan
alterar la seguridad ciudadana”, a pesar de que los responsables de seguridad
en esa jornada de la Escuela Politécnica Superior -en cuyo recinto se celebraba
la manifestación-, profesores y periodistas desmintieron en el juicio que se
hubiesen producido ningún momento tensión durante el acto. El propio juez reconoce en la sentencia que “la conducta” de la joven
“no causó desorden público real alguno”.
La plataforma
ciudadana de apoyo a Raquel denuncia
la indefensión en que quedan los manifestantes ante este tipo de sanciones y la vulneración, “de hecho”, del ejercicio de
derechos fundamentales como los de reunión, manifestación y la libertad de
expresión.
La concentración contra la privatización y los recortes en
educación, por la que la joven ha sido sancionada se celebró en 2013,
concluyendo sin que ningún manifestante
fuera identificado por la policía. Tampoco la sancionada. Meses después la
manifestante recibió una denuncia de la Delegación del Gobierno. “Nos encontramos
ante un caso que no solo vulnera los derechos fundamentales”, señalan, sino que
además genera dudas el método utilizado para la identificación” de la
manifestante.
Tras sucesivos recursos administrativos, que se prolongaron
durante años, el 17 de febrero de 2016,
se celebró la vista en el juzgado contencioso administrativo número 1 de la
capital oscense. En él declararon tres testigos presenciales: un trabajador de
la televisión que estaba cubriendo el acto, la responsable de seguridad de la
universidad durante la protesta y un profesor del campus que, como recogieron los medios de comunicación
presentes en la sala, desmintieron que los hechos en que se basa la
acusación se produjeran. A pesar de considerar “verosímil” su
testimonio, el juez mantiene, basándose exclusivamente en la declaración de un
policía, la sanción grave, aunque reduciéndola de 1000 euros, a su cuantía
mínima, 300,51.
La plataforma de apoyo a Raquel denuncia la “subjetividad” de la figura sancionadora que se usa, y considera
que la aplicación sistemática de la “presunción de veracidad” de la policía
deja indefensos a los manifestantes. Igualmente, considera que rompe con la necesaria imparcialidad” el
hecho de que las sanciones administrativas a personas que cuestionan las
políticas del Gobierno sean impuestas por militantes del partido que las
sustenta, que han sido designados para el desempeño de cargos políticos en la
administración.
Este colectivo recuerda actuaciones anteriores de la Delegado
del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, bajo cuya dirección estaba el
operativo en aquella manifestación, ha recibido varias sentencias en contra y
advertencias de la Defensora del Pueblo por limitar el derecho de manifestación,
además de reiteradas peticiones de dimisión por parte de organizaciones y
colectivos ciudadanos.
Este colectivo, que hace un llamamiento “a la denuncia
pública y a la solidaridad”, inscribe esta sanción en la “oleada represiva”,
antesala de las “leyes Mordaza”, con las
que, señalan se ha querido frenar la movilización
social desarrollada en estos pasados años frente a las políticas de recortes
sociales y de derechos.
