La intervención ciudadana abre el albergue municipal a las personas sin hogar

Un grupo de ciudadanas y ciudadanos intentaron esta semana conseguir un espacio para que pudieran pasar la noche las personas sin hogar que estaban en la calle -especialmente en estas fechas de bajas temperaturas-. Tras dirigirse a ONGs, ayuntamiento y otras entidades que poseen locales, tras hablar con los afectados y aportarles soluciones provisionales, se encontraron con la sorpresa de que el albergue municipal se quedaba con plazas vacantes por las noches y que no se admitía a todo el mundo.  La razón: sólo se permite a una persona pasar 4 noches cada tres meses en ese espacio (y hasta hace unos días eran tres, cada tres meses).

Con su intervención han conseguido, al menos, que el albergue municipal de Huesca acoja a las personas sin hogar, sin límite de días, en fechas con temperaturas bajo cero. (Aunque este sábado muchos potenciales usuarios -con su cupo de pernoctas cubierto y una dura noche por delante como perspectiva- no habían recibido información sobre esos cambios). Lo que sorprende es que hayan tenido que mover el asunto personas de a pie, para algo tan básico y tan mínimo; y que no hayan bastado para resolverlo antes los responsables municipales. (Quizá eso nos recuerde, otra vez, que no podemos dejar los asuntos públicos en manos de los políticos, que la ciudadanía debe estar activa y participar en ellos).

Esto no resuelve el problema. El problema es la pobreza y la creciente desigualdad. Y, en nuestra historia reciente, el egoísmo “inmobiliario” que ha hecho que un derecho básico, como la vivienda, sea inalcanzable para muchas personas, mientras otras se han enriquecido especulando.

Esto dice la Constitución de 1978:

Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Esto afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Lejos de hacer efectivos esos textos, nuestros responsables políticos, parecen empeñados en ocultar la realidad. La nueva ordenanza “cívica” municipal de Huesca pretende prohibir "mendigar", dormir en un parque,…