Durante las últimas semanas trabajadores sanitarios se concentran cada mañana, a las 10,30 en la puerta del Hospital San Jorge de Huesca, para protestar por las agresiones al sistema sanitario público que están impulsando los gobiernos central y autonómico, en una acción que promueve Indignados del Salud , uno de los grupos de la Marea Multicolor oscense.
Aprovechando esta movilización, y como elemento de reflexión, publicamos este análisis sobre una de las fórmulas privatizadoras que se impulsan en Aragón: la financiación público-privada. El texto adapta un trabajo de la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad Pública de Aragón.
De la sanidad de tod@s depende una parte muy importante de la calidad de vida de muchas personas, de la mayoría, en especial de quienes menos tienen. Defendámosla.
Este es el texto:
Un ejemplo: la demolición del sistema sanitario británico
Cuando alguien comentó la situación que sufría un familiar de Londres creíamos que exageraba. Apenas le prestamos atención. No llegamos a comprender que un británico tuviese tantos problemas desde que le diagnosticaran un tumor que recomendaban operar. Parecía increíble que la sanidad pública británica no atendiese con la prontitud y eficacia acostumbradas. Los libros técnicos en la materia siempre habían ponderado el alto nivel de la atención sanitaria pública en el Reino Unido.
Desde que desembarcó Thatcher en el gobierno todo empezó a cambiar, degradándose, hasta hoy. El capital privado fue el único responsable de marcar la política sanitaria. Se arbitró la fórmula de la financiación privada como el incuestionable medio idóneo, eficaz. Así, los hospitales soportaban un coste cuatro veces superior al habitual, pero las empresas constructoras obtenían un beneficio hasta diez veces mayor al conseguido por los contratos ordinarios. Sus accionistas sumaban beneficios cercanos al 30%. Los contratistas también especulaban con sus acciones, vendiéndolas a sociedades financieras. Además, no se sancionaba a las empresas concesionarias cuando incumplían el contrato, simplemente se trataba de renegociar y de refinanciar dicho contrato. Este sólo se fundamentaba en un criterio de rentabilidad económica. La transparencia informativa no figuraba en su particular código de conducta.
Para llegar a esta situación la Administración Pública únicamente facilitó el negocio ajeno en merma del erario público, la capacidad de inversión se reduciría en los siguientes 50 años. Este gasto se computa como gasto corriente y no como inversión, reduciendo las partidas destinadas al gasto de personal, asistencia, farmacia y atención primaria. Si se optaba por rescatar a un hospital para la gestión pública, la alta indemnización solicitada por daños y perjuicios desaconsejaba tal medida. Además, ya se había reducido hasta la mitad el número de camas, las plantillas laborales decrecían hasta un 50 %, mientras que los ingresos de pacientes hospitalarios suponían un 20% menos, al igual que los ingresos quirúrgicos, un 14% menos. La calidad de los materiales resultaba cada vez peor. Se presumía un probable tráfico de información clínica hacía empresas aseguradoras.
La discriminación salarial recaía de nuevo sobre las retribuciones del personal femenino. La gestión y la coordinación entre los hospitales públicos y privados resultaban imposibles. El resultado de tal atrocidad supone en la actualidad un cuestionamiento sobre su vigencia y su futuro en el Reino Unido.
"...acechan para apoderarse de los fondos públicos destinados a la sanidad y a la educación, que en total suponen un 20% del PIB"
¿Y en España?
A pesar de la demolición sanitaria británica, el PP pretende aplicar la misma receta de dosis letales. Para ello, un engranaje de consorcios integrados por constructoras, bancos y aseguradoras acechan para apoderarse de los fondos públicos destinados a la sanidad y a la educación, que en total suponen un 20% del PIB Quieren asegurarse la financiación, gestión y prestación de servicios de los centros sanitarios público-privados.
Las tácticas usadas
incluyen dos líneas de actuación, precedidas de un ataque preventivo contra los
sistemas públicos de protección social y de organización.
Silencio, se privatiza (no solo en Madrid) |
1/Se establece
una acción rápida (neoliberal) con un primer paso encaminado a la
reforma de la Ley General de Sanidad, que supondría el copago
generalizado y el seguro privado. 2/Una acción lenta, con
distintas intensidades, propone actuaciones convergentes y complementarias
donde tienen cabida el copago menor, las privatizaciones y la
promoción del seguro privado. Esta segunda línea de acción, pese a
intentar pasar desapercibida, se propone el objetivo de atraer a la clase media
y así, desplazar a la población más menesterosa económicamente hacía la beneficencia
sanitaria de dudoso futuro. 3/Una línea intermedia queda compuesta
por la creación de fundaciones, la externalización de servicios y
las PFI (Iniciativas de Financiación Privada).
La
situación tan variada generada en España en cuanto a las formas de gestión,
acogidas tanto al derecho público como al derecho privado, propicia situaciones
de ineficiencia, facilitando la justificación de la privatización. De
esta manera se van creando mercados internos donde puede intervenir sin dificultad
el sector privado. A ello colabora en gran medida el recorte de los presupuestos públicos, reduciéndose la oferta y la
demanda: otra premisa económica básica para desarrollar cualquier negocio
privado. Vivimos el momento previo al
bombardeo legislativo y normativo que tratará de exterminar los derechos
fundamentales. La sanidad pública es uno de sus objetivos prioritarios: ¡Salvémosla!
(Texto elaborado por la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad Pública de Aragón, recogido también en el boletín L´Astral de la Asociación de Vecinos de la Paz en Zaragoza, y adaptado.)
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