También se llama Carlos, y Andrés, y Miguel...
Tiene casi 60 años de edad, seis de ellos pagando escrupulosamente las cuotas de un crédito hipotecario concedido por UCI (Unión de Crédito Inmobiliario, una agencia financiera que trabaja en estrecha colaboración con el Banco Santander). Hace aproximadamente un año, le pusieron un marcapasos. Perdió el empleo y consecuentemente cualquier posibilidad de hacer frente a estas cuotas. La certeza de que no le sería posible seguir pagando y mucho menos terminar de pagar la hipoteca la movió a contactar con UCI y con el banco para explicar su situación e intentar por todos los medios devolver el piso. Lejos de escucharla, en ambos sitios empezaron a darle largas, a someterla a esperas interminables al teléfono... y finalmente dejaron de atender sus llamadas. Sólo cuando llamaba desde los teléfonos de amigos lograba hablar con algún empleado de UCI o del banco Santander, que miraban hacia otro lado y la mareaban pidiéndole documentos que acreditasen su situación en plazos de tiempo imposibles de cumplir. Así las cosas, su única opción fue dejar de pagar la hipoteca.
Vale la pena detenerse aquí para hacer algunas puntualizaciones que ponen de manifiesto la manera de trabajar tan turbia, poco profesional y rastrera de esta tal UCI desde el principio: la hipoteca se firmó en un bar sin la presencia de un notario ni un abogado; la cuantía del crédito excedía la del porcentaje del precio de la vivienda que a ella le faltaba por pagar (tenía algo de dinero ahorrado que dedicó a dar un adelanto); no le pidieron aval pero en las escrituras de la casa figuran ella, su hija y su marido, que jamás ha salido de Ecuador (por esto precisamente insiste una y otra vez en que no quiere que sus hijas hereden sus deudas), etc. A día de hoy, el proceso de ejecución hipotecaria sigue su curso y los intereses se acumulan. Una deuda de 100.000 euros y no saber cuándo le echarán de su casa pesan sobre sus espaldas. Su problema no es el piso, es la deuda. Mientras tanto pide reiteradamente la dación en pago. Esta semana ha sido la cuarta vez.
Personas reunidas en Huesca para acompañar a Blanca, y reclamar justicia a su banquero #15M |
Éste es el caso de Blanca. Desde el grupo de vivienda del 15M Huesca queremos que toda la sociedad se haga eco de este caso que, junto a los casos de otras muchas Blancas y por desgracia, roza lo surrealista y atenta contra el derecho a la vivienda y a la dignidad. Estos días ha quedado demostrado que se está tejiendo una red de solidaridad entre afectados directa e indirectamente (en definitiva, todos) por este fraude y abuso hipotecario generalizado; pero, sobre todo, se ha visibilizado que empieza una lucha por la igualdad y por unos derechos inherentes a todas las personas frente a la optimización de los beneficios de estas entidades parásitas (*). Entidades que, si bien no son ONGs y lo sabemos perfectamente, mantienen firme el pulso a la hora de reclamar dinero público cuando su mala gestión se vuelve en su contra.
Con respecto al caso de Blanca, la denuncia y presión se mantendrá a través de la ubicación de mesas informativas en la Plaza Concepción Arenal, ante el banco de Santander, a partir de las 12.00 horas cada mañana, entre otras actividades. Animamos a todo el que quiera sumarse a esta red y a esta lucha a acudir a las asambleas de afectadxs del grupo de vivienda del 15M oscense, cuya siguiente cita es este próximo lunes 4 de febrero, a las 19.00 horas en la Asociación de Vecinos del Casco Viejo.
Acto contra el desahucio. (Huesca TV)
Puedes escuchar el testimonio de voz, tremendo por su dureza,
pero también por la gran dignidad que comunica, que aparece en esta entrada
(*) Decenas de personas acompañaron a Blanca el pasado miércoles para volver a pedir la dación en pago a un banco que trata de evitar su responsabilidad. Y este viernes, 1 de febrero, una nutrida movilización de empleados públicos, contra la corrupción y los recortes, ha querido acabar ante ese banco, donde estaba la mesa informativa del 15M, como gesto de solidaridad.
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