Alouda y Equo, junto a Cáritas, Ecologistas en Acción, Asamblea 15M de Huesca, Asociación de Mujeres Árabes y Africanas, Juventud Obrera Cristiana Huesca, Asociación de Rumanxs “Fraternidad”, Plataforma Sanidad Universal de Huesca, Asociación Enbat, Colectivo de Mujeres Feministas, Acción Católica, Comunidades Cristianas Populares Huesca y la Asociación de Vecinos María Auxiliadora han impulsado en Huesca una moción contra la penalización de actitudes solidarias con personas inmigrantes sin reconocimiento legal en España (“sin papeles”) propuesta por el ministro Alberto Ruiz Galllardón.
Esta moción argumenta lo siguiente la alarma generada “entre la población en situación irregular, así como
en las personas y entidades sociales que mantienen cualquier vínculo con ellas,
tras conocer que el Anteproyecto de reforma del Código Penal presentado por el
Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, propone una nueva redacción del
artículo 318.bis en la que se confunden, pudiendo inducir a error o a
interpretaciones muy preocupantes, comportamientos delictivos como el trafico
de personas con actuaciones como el apoyo y la ayuda a personas inmigrantes en
situación irregular fundamentada en razones humanitarias, solidarias o éticas”.
La argumentación recuerda cómo la mayoría de los medios de
comunicación se han hecho eco de la noticia con titulares como “Ayudar
a inmigrantes irregulares podría ser penado con la cárcel”, pues se
recoge en el texto legal propuesto desde el gobierno -en el artículo 318 bis- una pena de multa de tres a doce meses o prisión
de seis meses a dos años a quien ayude a transitar a un extranjero. La
normativa también prevé penas similares
para las personas que, con ánimo de lucro, ayuden a los inmigrantes irregulares
a “permanecer” en territorio comunitario.
También señala que la incertidumbre que esto ha producido en
la sociedad, ha llegado a provocar que la ciudadanía piense que “pueden ser penados
quienes, por ejemplo, alquilen una habitación o dispensen un menú a las
personas extranjeras en situación administrativa irregular”. En este sentido el
artículo, se limita a señalar que “el
Ministerio Fiscal podrá (sic) abstenerse
de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente
prestar ayuda humanitaria". Es decir, no da garantías de ello Por los
motivos anteriormente expuestos, el Consejo General del Poder Judicial en su informe
preceptivo, pidió una mayor precisión en esta nueva regulación propuesta.
La argumentación de la propuesta resalta que “en el caso de
aprobarse esta reforma en los términos planteados”, se vendrían abajo los esfuerzos
realizados en pro de la convivencia entre personas de distintos orígenes en el
ámbito local e, incluso, “algunas de las acciones y actividades” desarrolladas “por los Servicios Sociales y
otras áreas del Ayuntamiento podrían ser constitutivas de delito, como por
ejemplo, el facilitar el tránsito de una persona en situación irregular desde a
otra ciudad española para acudir al
encuentro de sus familiares”.
La campaña insiste en que “cualquier reforma del Código Penal debería seguir el principio
jurídico de intervención mínima, lo que supone que solo las conductas
realmente graves y que atenten contra bienes jurídicos fundamentales deben de
ser objeto de protección penal, por lo que el texto debería ser despojado de
cualquier y/o ambigüedad que penalice la solidaridad con las personas más
desfavorecidas”.
Por todo lo expuesto se plantea que la corporación municipal
manifieste su rechazo “ante cualquier
medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes” y
que remita este acuerdo al Gobierno, instándole a “que el delito contra los
derechos de los ciudadanos extranjeros, contemplado en el articulo 318.bis del
Anteproyecto de reforma del Código Penal, castigue exclusivamente las conductas
relacionadas con el tráfico ilícito de personas, excluyendo expresamente del
mismo aquellas actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria”.
También exige el compromiso del ayuntamiento de trabajar en
la promoción de convivencia en el municipio, “con independencia de cuál sea el origen, la nacionalidad o la
situación administrativa” de las personas que viven en él.
Estas propuestas impulsadas por entidades ciudadanas en todoel país han sido finalmente recogidas en julio, en Huesca, aunque como “declaración
institucional” (y no como acuerdo de pleno). Anteriormente las han recogido
Graus, Sabiñánigo, o localidades con
mucha inmigración como la zaragozana Ricla,
… además de las Cortes de Aragón. Y junto a ellas decenas de entidades yorganismos de otras comunidades autónomas.
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