[Con Firma]
Antisistema son ellos:
Bases constitucionales para la protesta del 15M. [2ª Parte]
(10 puntos de aviso sobre la ruptura del contrato social y del pacto constitucional)
Por Francisco Palacios Romeo, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. (Escrito para la memoria, en el verano de 2011)
Se equivocan quienes descalifican a los acampados [del 15-M; el texto se escribe en junio de 2011] por ser unos miles de marginales cuando son básicamente la punta del iceberg ciudadano. Porque sí hay millones de personas críticas con el sistema que no acampan, que no se movilizan explícitamente o que incluso votan a los partidos hegemónicos. Muchos miles no acampan en las plazas pero acampan estructuralmente en las redes sociales. Otros acampamos en la dinámica de grupos y coyunturalmente en las redes sociales. Otros son omisivos y abstencionistas.
Y, finalmente, muchos votan pero suspenden e impugnan el sistema. Estos últimos forman parte de la población que sirve a la clase política para autolegitimarse: “votan el 65%”, afirma la mencionada clase política. Sí, pero lo que no se menciona es cómo los políticos -todos los políticos- son suspendidos en todas las encuestas que llevan haciéndose en los últimos 30 años, incluidas las oficiales encuestas del C.I.S. Es un dato demoledor que deslegitima el actual institucionalismo democrático y a sus ejercientes: todos los políticos suspendiendo todos los años sucesivamente. A cualquier estudiante le hubieran expulsado ya de la licenciatura.
La clase política supone para la ciudadanía, ya, el tercer problema concreto en sus vidas (según C.I.S. de junio de 2011, detrás del paro y la crisis que son problemas creados también por ellos). Y cuando se tiene un problema se trata no de mejorarlo (un problema no se mejora) sino de eliminarlo. Mucha gente vota por circunstancias casi irracionales: tradición familiar, victimarios de la pasada guerra civil, odio extremo al otro, tópicos ideológicos, miedos injustificados producto de la demagogia electoralista, simple catarsis de cambio, neófitos electorales…. Todas ellas no son causas precisamente que legitimen al sistema, más bien al contrario hablan de una cultura política de ignorancia, manipulación, miedo e impotencia.
Esta partitocracia plutocrática sabe que la inmensa multitud está en formación y en un proceso de hibridación potencialmente muy peligroso. Por ello se prestan acometer un proceso de involución social intenso con el objetivo de romper canales y puentes de comunicación socio-política donde pudiera llegar a converger dicha Multitud.
Para ello, se está generando un modelo de ultra-competitividad nada inocente. Un modelo que disuelva los intereses comunes y los espacios convergentes de los dominados, que liquide las redes de apoyo mutuo facturando un modelo de ultra-individualismo y ultra-utilitarismo. Lo hicieron parcialmente durante las décadas 70-80 bajo la bandera de la gobernabilidad y ahora se aprestan a terminar el trabajo bajo la insignia de la gobernanza.
3. Rebelión a favor de simples mecanismos de control, transparencia y pluralismo de la misma estructura representativo-partitocrática y del Estado en general.
El problema no es sólo que la estructura representativa sea en sí misma insuficiente, sino que esta estructura representativa básica termine funcionando, porque ahora está literalmente secuestrada por la oligarquía de partidos y de grupos de presión adyacentes.
Hay que recordar cómo en un texto constitucional los ítem transparencia, control, publicidad o independencia tienen numerosas entradas. También lo tienen en la exposición de motivos de muchas leyes porque hay un consenso establecido en que transparencia, control y publicidad forman parte central de lo que es un Estado Constitucional. Y, por lo tanto, para que control, transparencia y garantía estén realmente presentes tienen que estar fuera del imperium de dichos partidos hegemónicos, para lo cual habría que devolver el protagonismo a la sociedad civil-popular para revolver temas tan evidentes como:
a) Elección no vinculada a la oligarquía partitocrática de instituciones tales como el Defensor del Pueblo, Fiscalía General, Tribunal de Cuentas, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
b) Extensión del principio de publicidad y transparencia a todas las esferas administrativas -incluida la Casa Real- con un aumento de competencias de la Intervención General del Estado e incluso con su elevación a institución de rango constitucional.
c) Mayor proporcionalidad y apertura del sistema electoral con técnica de resto mayor y listas abiertas.
d) Democracia interna efectiva de los partidos políticos con sistema de elecciones primarias.
e) Publicidad y equilibrio en la financiación de los partidos políticos.
f) Publicidad del patrimonio y rentas de altos cargos con modificación de sus estatutos en cuanto a régimen de incompatibilidades presentes y futuras.
g) Ampliación de las condiciones, posibilidades y mecanismos de control en los sistemas de contratación pública.
Temas que requieren un complejo mecanismo jurídico para su modificación, como es la reforma de la Constitución o la reforma de una ley orgánica. Tras esa dificultad se va a parapetar la clase política dominante para evitar los cambios. Y por ello se hace imprescindible una inmensa presión popular (1).
4. Rebelión contra la eugenesia neoliberal de los derechos sociales.
Indignarse no es sino defender el clásico constitucionalismo social. Éste, fue construido sobre las ruinas de la II Guerra Mundial y sobre la lección histórica que supuso la debacle liberal imperialista que dominó Europa y el mundo durante los casi dos siglos de constitucionalismo militarista y propietarista, que había sido secuestrado por la hegemonía de la nobleza y la alta burguesía hasta mediados del siglo XX.
Los derechos sociales reivindicados en los documentos base del 15M tales como “vivienda, trabajo, remuneración suficiente, derechos laborales, jubilación a los 65, seguridad en el empleo, derecho de paro, salud, educación, derecho al consumo de bienes básicos” son directamente asimilables a artículos del texto constitucional de 1978 (artículos 47, 35, 37, 50, 41, 44, 43, 27). Derechos con base en la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948 y en los Pactos internacionales de Derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que la desarrollarían (1966), y que son el corazón de ese gran Contrato Social ahora en bancarrota: bancarrota social, puesto que se dilapida el contenido esencial de todos esos derechos, y se deja su cascarón progresivamente más vacío. Éstos son sus efectos:
a) Laminación de la figura del contrato indefinido laboral que ha sido convertida en una anécdota histórica, sepultada en múltiples modalidades laboral-contractuales (tiempo parcial, en prácticas, de formación, de obra, circunstancial…) que han precarizado y degradado el trabajo.
b) Pérdida de valor adquisitivo salarial sepultado tras hipotecas que consumen el 90% de un salario medio, cuando hace treinta años consumían el 30%, y cuando esa condena se prolonga por término medio 28 años cuando antes duraba 15 años. Valor adquisitivo que se torna en cero universal cuando el ciudadano es embargado y liquidado por el resto de sus salarios, de por vida, hasta que salde una deuda que él no ha contraído realmente, sino merced a un sistema hipotecario falaz.
c) Mermas de los derechos de previsión que mayoritariamente han ido disminuyendo en sus percepciones y en sus tiempos y, sin embargo, han ido endureciendo sus condiciones y exigencias, como sería el caso del desempleo o el despido (sometidos a su abaratamiento) o la jubilación (retrasada, reducida y sometida al prorrateo de casi toda la vida laboral).
d) Degradación de una sanidad que ha multiplicado sus listas de espera como multiplica sus centros de asistencia primaria sin apenas haber emprendido la construcción de nuevos hospitales de asistencia cualificada y especializada y sobre la que pende la amenaza de privatizaciones y re-pagos ya establecidos en el ámbito farmacéutico.
e) Desactivación de un marco de negociación colectiva que deja inoperativos los convenios nacionales o provinciales para poder operar a partir de los convenios de empresa sin ningún tipo de límite a la baja, con lo que está liquidando de facto la propia eficacia y esencia de la negociación colectiva. Los autores del último decretazo deberán responder a la pregunta de qué capacidad de negociación tendrán unas decenas de trabajadores frente a una empresa con capacidad para poder presionarles y chantajearles merced a una desregulación del mercado de trabajo que da infinitas posibilidades para la precariedad y el despido, máxime teniendo en cuenta que la inmensa mayoría del tejido industrial está constituido por pymes.
f) Castigo fiscal e incapacidad competitiva de las pequeñas, medianas empresas (pymes) y autónomos. Toda la prima estatal fluye para bancos y grandes empresas mientras se abandona a la pequeña industria y a los ámbitos artesanales y autónomos. Abandono administrativo, fiscal y mercantil por parte del Estado que le empuja a la confrontación social con el mundo laboral, al que presenta como culpable-exprés de todas las dificultades económicas del mundo empresarial. Escenificación que gobiernos, patronal e incluso sindicatos mayoritarios escenifican con las firma de sucesivas reformas laborales que “abaraten” los costes laborales.
g) Ausencia casi total de estímulos administrativos para las sociedades de tipo cooperativo o laboral en claro menosprecio del mandato constitucional (art. 129).
Cuando nuestros textos constitucionales definen al Estado como un Estado Social no están asumiendo un Estado liberal. El Estado Social comporta un tratamiento de toda la normativa del Estado y de todas las políticas públicas de la Administración bajo “cláusula Estado Social”.
El Estado Social por su propia naturaleza tiene unos contenidos esenciales que lo diferencian radicalmente del Estado Liberal. Los que piensen que un Estado Social debe supeditarse a unos remedos asistencialistas y a una educación y sanidad mínimas, propias de la Prusia bismarckiana, se equivocan.
Ese no ha sido el pacto y esa no es la sacrificada capitalización social que han hecho nuestras generaciones anteriores desde las rentas del trabajo, y que ahora está siendo transferida obscenamente a las cuentas de los grandes capitales y de los principales grupos de presión. Las políticas liberales en un Estado constitucionalmente social suponen la ruptura del modelo y, por lo tanto, del compromiso. Suponen una transgresión jurídica, y son, abiertamente, violencia política esencial.
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No te lo pierdas mañana.
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(1) Téngase en cuenta que el texto está escrito en junio pasado, antes de la reforma exprés de la constitución, realizada por PSOE y PP, tras el verano de 2011, atendiendo a presiones externas, que puso a la vista que sólo se alude a la dificultad de realizar reformas constitucionales cuando no interesa o no hay voluntad de hacerlas].
(Los artículos de la serie [Con Firma], realizados por especialistas, responden a la opinión de su autor o autora.
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