Algunos hechos de ese plan "deberían motivar una investigación de oficio de la fiscalía anticorrupción", señalaba el ponente." ¿Por qué no lo hacen? ¿No deberían los organismos competentes intervenir y aclarar a la ciudadanía todos los detalles de lo sucedido en el escándalo de las depuradoras ?" se preguntaban muchxs asistentes al ir conociendo datos concretos sobre este aspecto, que revelan desfases importantes y repetidos en diversos proyectos.
Además de vivir un interesante debate y una charla muy ilustrativa de lo grandes que pueden ser los espacios oscuros en una gestión pública sin el freno de la ética y sin adecuadas herramientas de control ciudadano, en el acto también se lanzaron iniciativas concretas de intervención como la recogida de firmas para presentar una queja ante el Justicia de Aragón, y la creación de un grupo en Huesca para trabajar sobre estos aspectos de la gestión del agua a nivel local. Si te apetece participar en él escríbenos al correo acampada.15m.huesca[arroba]gmail.com . Además el 21 de marzo, tendrá lugar en Zaragoza una movilización de la 'marea azul', contra la privatización del agua.(Y la 'marea azul' también participará en la marcha a Madrid del 22M. Inscríbete.)
La privatización del agua
Arrojo iniciaba su exposición explicando las distintas tipologías de los procesos privatizadores del agua, un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas en 2010, que se han dado en el mundo y que pueden suponer poner en manos privadas los ríos (como en el caso chileno), las infraestructuras, o la gestión del agua. Si quieres conocer esta parte puedes ver esta entrevista que resume el contenido de esta parte:Tras repasar algunos hitos de la historia de la gestión y de los impulsos privatizadores del agua, el ponente abordaba seguidamente las situaciones que se están dando en España y en Aragón en los últimos tiempos. El nuevo peligro de trasvases y mercantilización del agua que se cierne sobre nuestro país y el escandaloso Plan de Saneamiento del Gobierno de Aragón, y sus consecuencias para ayuntamientos y ciudadanos, protagonizaban esta parte.
Amenaza de trasvases y mercantilización de las concesiones de caudales de los ríos
Arrojo denunciaba una nueva estrategia del Gobierno para preparar el terreno para los trasvases entre cuencas a través de la introducción de reformas en la Ley de Evaluación Ambiental. Estas supondrían una mercantilización (y una privatización de hecho) del agua de los ríos, generalizando la compra-venta de derechos de concesiones de caudales (hasta ahora restringida a momentos de emergencia por sequías).En este proceso se reducirían las herramientas de control que existen. La autorización de esas transferencias se centralizaría en la Dirección General del Agua, evitando el debate parlamentario que se exige ahora. El Gobierno de Madrid podría limitar además los caudales disponibles para la cuenca de origen en caso de sequía.
En paralelo se plantea la promoción gubernamental de las infraestructuras necesarias para hacer posibles los trasvases de caudales entre cuencas y ese nuevo "libre mercado" del agua. La no existencia de fondos actualmente, señalaba Arrojo, impediría la puesta en marcha inmediata de estas obras; pero, consideraba, se están poniendo, sin embargo, las bases legales para hacerlo cuando sea posible.
El ponente advertía sobre la posibilidad, que se abriría de llevarse estas medidas adelante, de venta a terceros de otras comunidades (a través de un trasvase), o directamente a especuladores, entre otros, de los nuevos derechos de concesiones generados a partir de obras como las de Biscarrués o Yesa, que calificaba de antieconómicas (además de peligrosas en el segundo de los casos).
¿Está limpio el plan de depuradoras?
En la ultima parte, tras aportar impactantes datos, sobre la situación del plan de depuradoras, impulsado ya desde la legislatura anterior, Arrojo afirmaba que “deberían motivar una investigación de oficio de la fiscalía anticorrupción”; especialmente, “cuando esas irregularidades se extienden por Aragón de forma sistemática”. Recogemos este artículo, que nos facilita su autor, (publicado en enero en El Periódico de Aragón), que resume lo desarrollado en la charla sobre este aspecto.
[Con Firma] El Plan de Saneamiento: un fracaso previsible
Por Pedro Arrojo Agudo, profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza,Hoy sabemos que sólo dos comunidades autónomas, Madrid y Aragón, apostaron por planes de saneamiento sobredimensionados y tecnologías tan inadecuadas como caras en pequeños municipios, desde la expectativa de diluir los sobre-costes en Madrid y Zaragoza. De hecho, han sido las dos únicas comunidades que han vetado, durante años, la información a sus Ayuntamientos sobre opciones de depuración extensiva ( “verde” o “ecológica”), recomendadas explícitamente por los demás Gobiernos Autónomos y Confederaciones Hidrográficas como la del Duero, además de por el propio Gobierno Central, para poblaciones de menos de 2000 habitantes.
Depuradoras como las de Ayerbe y Mequinenza, que funcionan al 19% de su capacidad; Terrer, que lo hace al 14%; Zuera, que funciona al 11%; o el hecho de que se proyecten depuradoras para núcleos del Pirineo donde ya no vive nadie, deberían motivar una investigación de oficio de la fiscalía anticorrupción. Sobretodo cuando esas irregularidades se extienden por Aragón de forma sistemática.
Es significativo el ejemplo de Fabara, que se negó a ceder sus competencias al Instituto Aragonés del Agua (IAA) y encomendó a la Politécnica de Madrid una depuradora biológica, en base a “aneas en flotación”. Mientras la depuradora convencional proyectada por el IAA estaba presupuestada en 2.400.000 €, la que se construyó costó tan sólo 235.000 € (10 veces menos). Y lo que es más importante, mientras la gestión de la depuradora convencional hubiera costado 300.000 €/año (incluida la gestión de lodos), la actual depuradora funciona con 13.000 €/año (23 veces menos).
El resultado económico global toma perfiles tan injustificables como ingobernables: un coste medio, reconocido por la DGA, de 1,3 € por metro cúbico depurado, mientras en la Rioja el coste medio es de 0,14 €/m3 (casi 10 veces menos). En Zaragoza, que no ha entrado en este turbio negocio hasta ahora, los vecinos venimos pagando por el servicio de la depuradora de la Cartuja, privatizada durante los últimos 20 años,0,37 €/m3; y por el servicio no privatizado de la depuradora de la Almozara tan sólo 0,15 €/m3 (a pesar de ser 10 veces menor que la Cartuja). En Jaca, que ya tenía la depuradora construida cuando firmó la cesión de sus competencias, los vecinos pagan por canon de saneamiento 2,5 millones €/año, siendo que, según datos del propio Ayuntamiento, gestionar su depuradora cuesta tan sólo 400.000 €.
El hecho de que comarcas enteras, o toda una ciudad como Utebo, con depuradoras licitadas y sin construir, estén pagando desde hace 4 años canon de saneamiento y tengan además que pagar a la Confederación Hidrográfica los más altos niveles de canon de vertido, siendo que la responsabilidad de que no se depure es de la DGA; el que los Ayuntamientos que no han firmado la cesión competencias se vean sometidos a amenazas y bloqueo de fondos; y el hecho de que la DGA haya venido mintiendo, lisa y llanamente, sobre sus reuniones con el BEI (Banco Europeo de Inversiones) y la obtención inminente de financiación para desbloquear el Plan, extremos desmentidos categóricamente por el propio BEI, perfilan una situación insostenible.
Los contundentes datos y argumentos del memorándum presentado recientemente por la Red Agua Pública de Aragón (RAPA) al BEI (con el apoyo de sindicatos, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas, asociaciones de consumidores y de afectados, fundaciones…), junto a la Queja Europea, promovida inicialmente por ADELPA y posteriormente por Ayuntamientos afectados, han puesto en guardia al BEI que difícilmente financiará este Plan. Sería bueno recordar, en circunstancias similares, el bloqueo que se consiguió de los fondos europeos para el trasvase y su desbloqueo cuando los proyectos a financiar fueron razonables…
Hoy se puede afirmar que este Plan ha fracasado. Pero además emergen sombras que exigen una auditoría sobre el oscuro proceso de privatización llevado a cabo por el IAA, encubierto por una DGA que se niega a dar información transparente.
Las últimas “rebajas” en el canon para los pueblos que se sienten, y con razón, estafados, parecen maniobras dilatorias que apuntan a prolongar la crisis y dejar para el siguiente Gobierno un bonito paquete … Está por ver si la oposición aceptará el regalo, desde su expectativa de gobernar en un futuro; y si los alcaldes están dispuestos a aceptar que les corten una mano en lugar del brazo, y firmar con la otra.
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13M, 19,30h, pza del Mercado.
Vía Lucis Reivindicativo pre-Marcha de la Dignidad
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